Especial Política: Hora de jugar fuerte para la Argentina
Argentina atraviesa momentos de alta convulsión como consecuencia de las ¿inevitables? medidas tarifarias que el gobierno nacional lanza
La seguidilla de anunciados aumentos (Macri bien podría hacer uso del refranero “el que avisa no es traidor”) en los servicios, como consecuencia de la quita de subsidios (un ahorro de ocho mil millones de pesos según el secretario de Transporte, Guillermo Dietrich) pone al gobierno en el riesgoso compromiso de cumplir con las bienaventuranzas pronunciadas con vistas a la segunda mitad del año, cuando en realidad los economistas -desde diciembre último- presagiaban un 2016 sacrificado y recesivo. E inflacionario.
La hasta ahora aliada Elisa Carrió salió, como es su estilo, a jugar fuerte oponiéndose a los tarifazos (“traté de impedirlos”, argumentó) y para darle una mano a la coalición gobernante, de la cual ella se adjudica el madrinazgo, embistió ferozmente contra el poder judicial para que encarcele a insignes personajes y personeros del gobierno anterior, artillería desplegada para morigerar el malestar social por los aumentos. Ya lo dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio: “La gente quiere que alguien vaya preso”.
Con los dedos en el enchufe La bonhomía política del gobernador Lifschitz para con el gobierno nacional no le impidió enfilar raudamente hacia el despacho del ministro de Energía Juan José Aranguren, para hacerle notar que el tarifazo energético va a impactar con dureza en el sector industrial santafesino, aún cuando el Ministerio de la Producción ya tenga los números finos de la incidencia del insumo energía en los costos de las distintas fábricas. Lifschitz le propuso al ministro Aranguren financiar el aumento con pago desdoblado y en escala progresiva. El funcionario macrista quedó en contestarle la semana próxima; en el gobierno abrigan la esperanza de que Aranguren entreabra una puerta para el financiamiento entre Cammesa y la EPE, lo que permitiría a su vez financiar a empresas en problemas por el aumento tarifario, prorrateado el mayor costo en 12 o 13 meses.
Donde también se jugó fuerte es en el plano político. El sector radical NEO ratificó en un multitudinario plenario la conducción del espacio por parte del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien estará secundado por una mesa chica conformada por seis delegados del sur, centro y norte de la provincia, que elegirán a 57 representantes departamentales.
Políticamente fue una clara demostración de fuerza interna de cara a la renovación de autoridades de junio próximo (en la que se supone habrá lista de consenso) y, a la vez, una expresión de ferviente apoyo al FPCyS respecto de la entente Cambiemos, que lidera el intendente de Santa Fe y aspirante a gobernador en 2019, José Corral, junto al sector MAR.
El senador sureño Lisandro Enrico, presidente del bloque MAR, sostiene que hoy la prioridad es seguir consolidando el FPCyS, del cual también se siente parte, mediante el apoyo a la gestión de Miguel Lifschitz. Y dejar las especulaciones electorales para el año que viene.
Pero está visto que si de jugar fuerte se trata, el joven e impetuoso diputado provincial del PRO, Roy López Molina, salió a poner las cosas en su lugar dentro de Cambiemos Santa Fe.
Sin pelos en la lengua les pidió a los radicales signatarios que paren de “atender en dos ventanillas: la de Cambiemos y la del Frente Progresista”. El legislador sostuvo que esa posición es “incoherente”.
López Molina siente que sus palabras reflejan el sentimiento de una gran cantidad de dirigentes, referentes y militantes del PRO en toda la provincia, que no comprenden cómo se puede construir un proyecto provincial y local frente a quienes hoy juegan de oficialismo en todos lados (UNL-MAR).
Por lo pronto, los “auténticos PRO” (López Molina, Angelini, Fernández, Mastroccola y Mas Varela) ya dieron el primer paso en Diputados conformando el bloque Cambiemos, actitud que envía un fuerte mensaje para adentro y afuera.
López Molina dobla la apuesta, acorrala a los radicales y cree que hay que trabajar de manera firme en la conformación de la mesa de Cambiemos en Santa Fe, tal como dice que quiere Marcos Peña, jefe de Gabinete de Macri, apurándole de ese modo los tiempos a los socios radicales que comparten estatus con el FPCyS, formación que, dicho sea de paso, también reclama su “institucionalización”.
Julián Galdeano, uno de los líderes del MAR, no está muy de acuerdo con las disquisiciones políticas de López Molina, principalmente respecto del hecho “de pensar que pueden condicionar al radicalismo desde afuera”, subrayó. Round uno.
Cuestión de seguridad El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, azuzado por la inseguridad que azota a los grandes centros urbanos (y que podría potenciarse por incidencia de la política si la recesión llegare a golpear fuerte) decidió dar un golpe de timón en la fuerza policial y cambiar el jefe de la Policía Provincial. Sale Rafael Grau y entra el dúo Luis Bruschi y José Luis Amaya, pero sometidos al flamante decreto de autolimitación de facultades inaugurado por el gobernador Lifschitz, que somete ambos candidatos a la consideración y posterior dictamen no vinculante de la Comisión de Acuerdos del Parlamento local. Y ardió Troya.
El diputado peronista Leandro Busatto fue el primero en poner el grito en el cielo, alegando que ni constitucional ni reglamentariamente está previsto que la Comisión de Acuerdos reciba pliegos de funcionarios policiales (sólo analiza pliegos de jueces, fiscales y miembros del Tribunal de Cuentas, entes que integran la provincia como zona franca).
El presidente del bloque socialista, Rubén Galassi, no anduvo con amagues: “Los legisladores que no quieran opinar (sobre los antecedentes y cualidades de los nominados para jefe y subjefe (de la policía provincial) habrán perdido una oportunidad de involucrarse en un tema sensible; el FPCyS va a opinar” cortó, no sin antes advertir que esto no es un hecho político como lo plantea el peronismo, sino institucional; “lo demás es hipocresía política”, subrayó.
Tema recurrente: la reforma de la Constitución El gobernador Lifschitz quiere saber si hay vocación política para reformar la Constitución provincial. Para ello mandó a explorar la conformación de una comisión que estaría formada por los partidos políticos, miembros del sector académico y de la sociedad civil, a los fines de consensuar y redactar un anteproyecto de ley de necesidad de reforma de la Constitución, texto que debería aprobarse este año por los dos tercios de la Legislatura, de manera tal que el año que viene, de manera conjunta con las elecciones de medio término, se elijan los convencionales constituyentes, quienes a su vez sesionarían durante 2018 para alumbrar la nueva Constitución que regiría a partir del siguiente año.
Especialistas en el tema consideran que una verdadera reforma política como la que se está encarando en el país, y en cierta medida en la provincia, que deberá debatir sobre un nuevo organismo electoral que contemple, por ejemplo, una Cámara Electoral provincial y las funciones del Tribunal Electoral, un Código Electoral provincial, no puede ser plena si no se reforma la Constitución.
Ni en el peronismo ni en el radicalismo hay uniformidad de criterio en el tema. Nadie lo discute desde lo académico y doctrinal; pero hay desconfianza política. Y el meandro tiene nombre propio: la reelección del gobernador. Aunque se deje sentado con una cláusula transitoria que tal prerrogativa excluya al actual gobernador, los reparos no se disipan. Temen que el gobernador electo en 2019 dure hasta el 2027. Y nadie quiere correr riesgos.
A todo esto, el peronismo se encamina hacia una incierta renovación de autoridades. El ex diputado bielsista Pablo Dibert, orientador de la corriente Encuentro Justicialista que está decidido a presentare como candidato a presidir el PJ santafesino, se está pertrechando legalmente para afrontar lo que sospecha un probable irregular proceso previo a la presentación de listas, que se hará el venidero viernes 8.
Contra la droga Mientras tanto, el senador radical Lisandro Enrico también jugó fuerte (lo cual no significa hacerlo de manera brusca ni desleal; entiéndase para todo lo considerado en esta columna).
Presentó un revolucionario proyecto de ley para desbaratar de una buena vez los kioscos de venta de drogas; el famoso y no por ello menos letal social y delictuoso “menudeo”.
Enrico quiere que la Justicia ordinaria intervenga en los allanamientos de los denominados “kioscos” de venta de drogas. Hoy, merced a la legislación vigente, no lo puede hacer porque el tráfico de drogas es considerado un delito federal, problemática que en la extensa provincia de Santa Fe es atendida por tan sólo siete jueces y seis fiscales federales. El legislador señala al respecto que hay cerca de 200 jueces y fiscales provinciales “que podrían ayudar a desbaratar la venta de droga multiplicada en todo el territorio”.
Hora de jugarse en la Argentina. Los tiempos que se viven no son para indiferentes.
