Lanzan blanqueo de capitales y pago de juicios a jubilados
Lo anunciarían el viernes
Dentro del paquete de proyecto de leyes que el Gobierno anunciará en los próximos días, hay uno de crucial importancia política y financiera.
Es el que propone pagar los más de 300.000 juicios por reajustes de haberes que mantienen los jubilados contra la ANSeS y a otros 700.000 jubilados que no hicieron juicio pero tienen derecho al mismo reclamo.
Ese paquete, que se anunciaría el viernes, incluiría un amplio blanqueo de capitales, un régimen de promoción a las pymes y cambios en la coparticipación de impuestos con las provinicas.
En el caso de los jubilados, el texto se mantiene en total hermetismo, pero Clarín pudo saber que se ofrecería cuando se pague el juicio, un acuerdo o “transacción” voluntaria con un pago equivalente a un porcentaje del reclamo. Y de esa suma, con un descuento cuya magnitud no se conoce, se pagaría una parte al contado y el resto en 2 o 3 cuotas, actualizado por el índice de movilidad del sistema. Queda por definir el eventual descuento por el impuesto a las Ganancias.
A cambio, el jubilado debería optar entre retirar la demanda o proseguir con el juicio. En tanto, los que no hicieron juicio deberían desistir de hacer un reclamo judicial por ese reajuste. La “transacción” debería ser presentada y homologada en los Tribunales de la Seguridad Social.
En base a ese acuerdo, hacia delante, los haberes corrientes de esos jubilados serían reajustados por los índices fijados por la Justicia.
En tanto, las sentencias firmes (que deben ser abonadas dentro de los 120 días) se pagarán este año en base a la partida del Presupuesto 2016 que asciende a $ 12.500 millones lo que permite cancelar unas 50.000 sentencias.
Actualmente, las sentencias que paga la ANSeS, en promedio, rondan los $ 250.000. En consecuencia se calcula que lo que está en juego con el proyecto de ley es el pago de más de $ 250.000 millones, menos la quita que surja del acuerdo transaccional de los jubilados con la ANSeS, a lo que debe sumarse el pago corriente del reajuste de los haberes.
Anoche se discutía en el Gobierno, financiar esos pagos con los rendimientos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de los Jubilados, que actualmente ronda los $ 750.000 millones.
Con tasas de interés de más del 30%, los intereses suman más de $ 225.000 millones.
Algunos especialistas consultados por el Gobierno consideran que los rendimientos del Fondo no podrían ser asignados a esos pagos y plantearon que el pago se realice con el dinero que ingrese por el blanqueo de capitales, más la mayor recaudación que surja de la regularización impositiva.
Argumentan que las sentencias de los jubilados no se pagan del dinero de la caja de la ANSeS sino de partidas especiales que se aprueban todos los años en el Presupuesto Nacional.
Para evitar que ingresen nuevos juicios por reajustes, el proyecto incluiría un indice de movilidad para los años 2006-2009. Es que el cálculo de los haberes para los nuevos jubilados se realiza en base al sueldo promedio de los últimos 10 años. Y la ley de movilidad arrancó en 2009. Entonces muchos jubilados hacen juicio, en base al fallo Elliff de la Corte Suprema, por la falta de ajuste de esos años.
En el Gobierno saben que la mayoría de esos juicios se apoyan en fallos de la Corte Suprema (Badaro, Ellif, “renta vitalicia” de ex AFJP, devolución de aportes voluntarios, y otros). Así, aunque ANSeS apele como viene haciendo, cuando llegan a la instancia final, en procesos que duran hasta más de 10 años, el Estado termina siendo condenado al pago de la retroactividad más intereses, abultando la deuda. Y además, debe reajustar el haber corriente de acuerdo a los términos de la sentencia.
Además, el proyecto ley vinculado a las Provincias fijaría que el Tesoro Nacional deberá hacerse cargo de aportar a la ANSeS el 15% que recaudaba ese organismo provincial y que ahora en forma escalonada será reintegrado a las Provincias .
En cuanto al blanqueo de capitales, el Gobierno calcula en función del dinero de los argentinos en el exterior, un monto de US$ 60.000 millones. Ese dinero pagaría una tasa que se estima en 10% para ingresar en el circuito legal. En Economía deslizan que es una última oportunidad ya que en 2018 comienzan a regir severos controles globales a la plata negra.
